NOSOTRAS DECIDIMOS, NO TÚ

 

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema tabú todavía en algunos de los territorios del Estado Español. Contamos con una “Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de forma voluntaria”. Esta Ley reconoce “el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo, y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”.

A pesar de esta Ley la Organización Internacional Women´s Link Worldwide ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional por el bloqueo de su página web desde inicios del año 2020,en la que se ofrece información sobre los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto seguro en el Estado Español, recalcando que no se cumple con la obligación de informar correctamente de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro Estado. Tantas sombras oscuras sobre este tema nos llevan a comprobar que hasta doce provincias junto  a Ceuta y Melilla , no han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos cinco años. Con estos datos vemos una vez más que las “Leyes no están para cumplirlas” parece ser.

Estamos ante una situación lamentable en la que dependiendo  del territorio en el que vivas puedes o no abortar libremente sin trabas. ¿ Qué Ley es esta que se cumple o no dependiendo de lugar donde resides? ¿las leyes no son iguales para todas las personas que viven en el mismo Estado? Sabemos que los médicos se pueden acoger a la objeción de conciencia, pero de manera individual, no como algo generalizado en un Hospital determinado. Las mujeres tenemos derecho a interrumpir nuestro embarazo voluntariamente acogidas por una Ley que así lo dice, por lo que se nos debe asistir obligatoriamente en el territorio que vivimos o en el que queramos realizarlo.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad recogen que el 86% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2019 se dieron en clínicas privadas, y un 14% se realizaron en Hospitales Públicos. Actualmente existen 211 clínicas acreditadas en el Estado Español, por lo que teóricamente no hay que pagar para llevar a cabo un IVE. Muchas clínicas son concertadas ,si no existe Hospital público en ese territorio que lo realice, y tienen un convenio con la Seguridad Social por lo  que se debería garantizar el acceso gratuito y público de cualquier mujer a esta prestación. Si no es así , ya estamos ante una nueva discriminación hacia esas mujeres cuya economía no es suficiente para optar a una clínica privada ,frente a las que sí pueden permitírselo.

La Asociación ACAI ( Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción del Embarazo) explica que muchas veces la objeción de los y las profesionales en ginecología no es por ideología o moral, sino que, no es algo positivo para sus carreras profesionales. Esto nos lleva a reconocer y saber que seguimos viviendo en un Estado lleno de tabús y tópicos que se van repitiendo de generación en generación.

El Ministerio de Igualdad se pronuncia asegurando “que se necesita una regulación para aquellos/as profesionales que se quieran acoger a su derecho, pero que esto no suponga una merma en los derechos de las mujeres”. Reafirman que “en cada hospital debe haber profesionales sanitarios que no objeten para que así se vean garantizados ambos derechos”

Así la Ministra , Irene Montero,  ha asegurado “que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que se regulará el derecho de objeción de conciencia de los/las médicos en contra del criterio de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias” https://www.europapress.es/temas/aborto/

A todo esto, y si ya por sí, la interrupción de un embarazo “no es un juego en un patio de recreo”, las mujeres se tienen que enfrentar a grupos ultracatólicos en las puertas de las clínicas insistiendo en que eres una “asesina” .Por primera vez un gobierno se preocupa de este tema y pide convertir en delito el acoso a las mujeres frente a las clínicas que se dedican a este tema. Así lo esperamos, y que estas personas sean penalizadas porque están hostigando a mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente.

Desde la Organización de Mujeres de la CI esperamos que el tema se retome, tal como dice la Ministra, y se nos dé solución a un problema que por Ley no debería existir:

«Si nadie tiene que desplazarse fuera de su provincia para parir, ¿por qué sí tenemos que hacerlo para abortar?», se pregunta L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Organización de Mujeres CI

24 de septiembre de 2022

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