| Inmaculada Ortells Rodríguez |
Responsable del Área de Igualdad de SATE-STEs Melilla y miembro de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical.
El pasado 3 de noviembre de 2017 y organizado por la Plataforma 7N, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el Tribunal de Mujeres contra la Violencia Machista. Este evento, de carácter simbólico y educativo en el participa la sociedad civil, parte de casos concretos para visibilizar y denunciar la falta de justicia y los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. A pesar de ser una convocatoria abierta, pocos hombres asistieron a tal evento. Tristemente, esto sólo nos confirma que no se dan por aludidos en este tema.
Fueron suficientes cerca de tres horas para que las voces de mujeres en calidad de abogadas, testigos, representantes de organizaciones feministas, periodistas, y expertas en violencia machista analizaran y denunciaran la situación actual presentando informes, casos, alegatos y acusaciones distribuidos en cuatro bloques. Veamos algunas cuestiones clave que se trataron en este Tribunal:
Bloque 1: Justicia Patriarcal.
La abogada matrimonialista Consuelo Abril se centró en el tema de la custodia compartida impuesta sin el consentimiento de ambas, pues perjudicaría siempre al menor por no tener domicilio familiar estable o por no tener asegurada la pensión alimenticia.
Abril pidió una movilización ante la imposición de una guardia y custodia que está pendiente de aprobar en un anteproyecto de Ley, y que supone un gran perjuicio para las mujeres e hijos. Afirmó además que la justicia tiene una visión androcéntrica y machista del derecho, “pues si importantes son las leyes, es más quien las aplica”. Según la ONU, las leyes deben aplicarse con perspectiva de género, y cada caso tratado individualmente.
En este bloque destacaron los testimonios de Ángeles González Carreño (cuya hija fue asesinada por su padre porque la justicia permitió el régimen de visitas sin supervisión) y el de Juana Rivas (claro ejemplo de revictimización de las víctimas), el cual fue comentado a lo largo de todo el evento como claro ejemplo de violencia e incompetencia institucional. Esta última declaró que “su vida se convirtió en un entrar y salir de los juzgados tras la denuncia presentada por malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja. Con la sorpresa de pasar de víctima a acusada por el incumplimiento de las leyes”.
Recordemos que la fiscalía solicitó para ella prisión sin fianza, privación de la patria potestad y orden de busca y captura como si de una delincuente se tratara. Su delito fue querer proteger a sus hijos.
Juana acudió a este Tribunal a pedir justicia para ella y para sus hijos, pues a pesar de la existencia de leyes que protegen a las mujeres maltratadas, algo falla cuando el resultado final es contrario a los derechos de las mujeres. Pide responsabilidades por aquella denuncia aún no tramitada a la espera de ser traducida.
Paqui Granados, su asesora jurídica declaró que este caso ha puesto de manifiesto la enorme distancia entre la normativa vigente y lo que ocurre en realidad.
El problema clave es que “no se aplica esta normativa” y no pasa nada si no se aplica. La asesora nos recordó lo que Amnistía Internacional defendía con la entrada en vigor de la Ley Integral del 2004: el principal desafío de esta ley es su aplicabilidad.
Según Abril, en este caso, se incumplieron la Ley de Violencia de Género y el Convenio de la Haya, se vulneró la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres (CEDAW), así como la Ley de protección al menor.
Bloque II. Violencia Sexual.
La experta Bárbara Tardón definió esta violencia como un delito generalizado y un “crimen de género” pues más del 90% de estas víctimas son mujeres. Acusó a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género por no haber presentado, a día de hoy, ningún informe que nos indique la magnitud de la violencia sexual en nuestro país.
Tras informar de la desalentadora realidad española en este tema, destacando la falta de recursos, servicios especializados o planes de acción, defiende una inmediata respuesta por parte del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual.
Tras escuchar algunos testimonios de víctimas de violaciones múltiples durante las fiestas del pasado San Fermín, Tardón exigió que este tipo de violencia sea considerada una “cuestión de Estado” y que se reflejen todas las formas de violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.
Bloque III. Medios de Comunicación.
Fue la periodista Ana Bernal la que demostró el poder que pueden tener los medios para justificar el discurso de la cultura de la violación, de la agresión y el acoso, contribuyendo a generar una opinión pública que tolere al maltratador.
De nuevo aparece el caso de Juana Rivas, interpretado periodísticamente de forma errónea, dudando constantemente de la palabra de la víctima. Bernal mostró a la sala todos y cada uno de los vergonzosos artículos y titulares periodísticos que desacreditaron la imagen de Juana y de sus asesoras, llegando a tacharlas de “secuestradoras de los niños”. Tras analizar los errores informativos de este caso, se concluyó que el periodismo no puede ser neutral a la violencia de género, por ser un delito y un problema que afecta de manera directa a los derechos de las mujeres. “Actuando así son cómplices de un machismo que se fortalece y alimenta desde los medios”, aseguró la periodista.
Y todo ello a pesar de lo que dictan los artículos 10 y 11 de la Ley del 2004, que rechazan la imagen de la mujer en los medios con carácter vejatorio o discriminatorio, defendiendo un tratamiento de la mujer conforme a los principios constitucionales.
Bloque IV. Presupuestos y recursos. Pacto de Estado
Elena Saura, representante de la “Plataforma Impacto de Género Ya” destacó que la principal medida del nuevo Pacto de Estado es el aumento presupuestario de 31’7 a 231’7 millones de euros, debiendo aprobarse en los presupuestos del Estado 2018.
Del primero 200 millones, 100 se repartirán para las comunidades, 20 para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno central que irán destinadas a las medidas acordadas como prioritarias y que no necesitan de reformas legislativas
Aunque hay un compromiso de mayores competencias para la Administración Local para que puedan gestionar medidas directas, Saura consideró que la dotación no es la adecuada. Y ¿Cómo se va a distribuir el presupuesto en Comunidad Autónoma o Provincia? Porque hasta ahora, la cantidad y calidad de los servicios se ha dado de forma desigual.
Cristina Almeida puntualizó que este Tribunal exigirá que se apruebe el presupuesto destinado para este año sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales, para que se pueda empezar ya a dar soluciones.
Concluyó este apartado denunciando que, a fecha de hoy, sin recursos adicionales aprobados, todo el discurso de Pacto de Estado contra la violencia de género queda en papel mojado.
En virtud de lo expuesto, en el alegato final se insta al Estado justicia, reparación y no repetición, exigiendo responsabilidades e inhabilitación en los casos de mala actuación de jueces que ponen en peligro la vida de mujeres y menores o que hayan sido asesinadas. Igualmente, exigen que se apliquen nuestras leyes nacionales y los convenios internacionales, empezando por el caso de Juana Rivas.
Cerró el acto Cristina Almeida, concluyendo que espera que las resoluciones y propuestas de este Tribunal que denuncian la “inoperancia” del Estado en la protección de las mujeres sean bien recibidas en la Comisión de Igualdad del Congreso, para darles el cauce oportuno. Desde la Organización de Mujeres Intersindical, esperamos que las aportaciones de este Tribunal de Mujeres sean consideradas, para que un día no muy lejano acabe la violencia hacia las mujeres.
Descarga en PDF: Clarion_49_TribunaldeMujeres
Vídeo del Tribunal de Mujeres
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