| Sandra Moreno Cadena |
Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores.
La realidad del medio rural en Andalucía siempre ha sido dura y desigual. Las clases más pudientes han concentrado en pocas manos bienes y recursos como la tierra, que deberían de ponerse al servicio de la mayoría de la clase trabajadora, jornalera, obrera, migrante. Este modelo inmerso en el sistema capitalista y patriarcal ha conducido a que las mujeres realicemos un trabajo gratuito para su sustento y así permitirle tácitamente el expolio continuo de la naturaleza y la explotación de los seres humanos. En el medio rural, las mujeres desempeñamos una multiplicidad de tareas tanto en el ámbito doméstico, como en el agrícola y comunitario sin que se visibilice claramente nuestro trabajo, sin que nuestros derechos sean tomados en cuenta, en un clima de creciente concentración y acaparamiento de nuestros recursos, de privatización de todos los ámbitos incluida la esfera de la vida para el beneficio de corporaciones transnacionales, de acoso desde las políticas institucionales y de violencia generalizada hacia nuestros cuerpos y nuestros territorios.
El sindicato andaluz de trabajadoras y trabajadores, SAT, y en su origen el SOC, han luchado desde hace más de 40 años por dignificar el trabajo en el campo y por devolver a la clase trabajadora el derecho a la tierra, a las semillas, a ingresos retributivos, a condiciones dignas laborales dentro de un contexto creciente de criminalización y opresión a la organización. Dentro de este marco, el sindicato ha sido fundador del movimiento internacional de La Vía Campesina, que aglutina a más de 170 organizaciones a nivel internacional y que reúne a millones de campesinas y campesinos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes, jornaleras y jornaleros y trabajadoras y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Este movimiento que durante 26 años se ha opuesto a las políticas neoliberales que han destruido el campo, ha defendido a quienes trabajan y viven de la tierra y ha promovido un modelo alternativo de desarrollo que ve al sujeto rural como un-a sujeto-a político-a, incluyendo la capacidad de los pueblos para decidir sobre el tipo de producción y consumo que se adapte a las realidades locales y beneficie a las comunidades.
La soberanía alimentaria es el paradigma que ha sido desarrollado desde el movimiento campesino y que ha permeado a diferentes estamentos de la sociedad para constituirse como uno de los elementos que aglutina las fuerzas para un cambio radical en las relaciones sociales. Las mujeres hemos desempeñado un papel crucial para el avance de La Vía Campesina como movimiento plural y diverso, aportando desde nuestras luchas por la construcción de un espacio que reivindique la defensa de nuestros derechos en todos los ámbitos de trabajo del movimiento. La unidad y la solidaridad, la defensa y la construcción de la tierra y el territorio a través de la soberanía alimentaria, son características básicas de un modelo para promover la autonomía, la justicia social y la dignidad, oponiéndose fuertemente al agronegocio y al poder corporativo que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.
La construcción de una perspectiva soberanista para luchar por los derechos de quienes producimos alimentos y trabajamos en las labores agrícolas y de transformación promueve la inclusión de una perspectiva feminista, donde las mujeres debemos ser las protagonistas. Desde esta lógica, la soberanía alimentaria debe defender la incidencia política de las mujeres como agentes protagonistas de la mejora de su situación para poder contribuir a la transformación de las relaciones de poder inequitativas entre hombres y mujeres. Desde esta nueva visión damos respuesta al reconocimiento de los derechos de las mujeres a través de la articulación, la diversidad y la interculturalidad construyendo un feminismo de clase y popular. El desafío que hace este modelo de soberanía despoja al patriarcado de algunos de sus pilares al poner de nuevo a la madre tierra sobre el lucro del capital, al retomar el papel central de las mujeres en las decisiones que afectan al conjunto de las comunidades y pueblos, al valorar las relaciones periféricas sobre el dominio central situando la relación rural-urbano en una visión de conjunto, al dar el sitio perdido a los saberes y conocimientos tradicionales que han sido avasallados por un mono-modelo de progreso y desarrollo hegemónico.
La vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural es latente. El estudio final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de campesinas y campesinos y otras personas trabajadoras en el medio rural anota que las mujeres producen entre el 60% y el 80% del total de los cultivos alimentarios en los países en desarrollo y obtienen ingresos para alimentar a su familia. Sin embargo, las mujeres constituyen el 70% de la población del mundo que pasa hambre y se ven afectadas de manera desproporcionada por la malnutrición, la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Una ruralidad excluyente.
La vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural es latente. El estudio final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de campesinas y campesinos y otras personas trabajadoras en el medio rural anota que las mujeres producen entre el 60% y el 80% del total de los cultivos alimentarios en los países en desarrollo y obtienen ingresos para alimentar a su familia. Sin embargo, las mujeres constituyen el 70% de la población del mundo que pasa hambre y se ven afectadas de manera desproporcionada por la malnutrición, la pobreza y la inseguridad alimentaria. A escala mundial, las mujeres cultivan más del 50% de todos los alimentos producidos; sin embargo, raramente se les reconoce su trabajo y muchas de ellas ni siquiera reciben remuneración alguna. El estudio resalta que las mujeres rurales, en particular, sufren con frecuencia discriminación en el acceso y control de los recursos productivos, como la tierra, el agua y el crédito, pues no se las suele reconocer como productoras ni como iguales ante la ley. Aunque la proporción de las mujeres que son cabezas de familia rurales continúa creciendo (supera el 30% en algunos países en desarrollo), las mujeres tienen menos del 2% de acceso a la seguridad de la tenencia de la totalidad de la tierra. Las costumbres y tradiciones imperantes en muchos sitios limitan la igualdad de acceso de la mujer a los recursos productivos. Otras veces la discriminación sigue codificada en las leyes nacionales; en otros, forma parte del derecho consuetudinario. Las discriminaciones además se intersectan cuando somos mujeres, pobres, indígenas, migrantes, jornaleras.
En el informe presentado por el anterior Relator Especial del Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, Olivier de Schutter, sobre los derechos de la mujer y el derecho a la alimentación, se examinan diversas formas de discriminación que son el resultado de normas o costumbres sociales relacionadas con ciertos estereotipos sobre el papel del hombre y de la mujer; de la desigualdad en el acceso a recursos productivos como la tierra y a oportunidades económicas como un empleo con una remuneración digna; del escaso poder de negociación que tienen las mujeres en el hogar; de la división de los quehaceres domésticos basada en el género, que se traduce en falta de tiempo y bajos niveles de instrucción para las mujeres; y de la marginación de las mujeres de las instancias de adopción de decisiones en todos los niveles. Los datos indican que en los países en que las mujeres no tienen derecho de acceso a la seguridad en la tenencia de la tierra o no tienen acceso al crédito, el porcentaje de niños malnutridos es un 60% y un 85% mayor, respectivamente.
En el estado español, menos del 9% de las fincas están dirigidas por mujeres. El 82% de mujeres que se dedican al campo trabajan en fincas dirigidas por hombres, y de este porcentaje el 59% no tienen cotizaciones en la Seguridad social por sus actividades. Estas condiciones crean una ruralidad excluyente para las mujeres agravadas por el contexto agrícola donde más de 80.000 hectáreas de tierras agrícolas desaparecen al año, perdiéndose en los últimos años una media de 82 fincas, en su mayoría con agricultura a pequeña escala, diariamente. Esto para un modelo de agricultura campesina que produce el 52% de las unidades productivas con tan sólo el 4,35% de superficie.
Existe en las zonas rurales un alto grado de machismo y una mayor carencia de servicios, haciendo que la violencia de género sea mucho más compleja de combatir y con una mayor falta de reparto de las responsabilidades domésticas. A esto se une que más de un 70% de las mujeres trabajan en las fincas en régimen de colaboración, como ayuda familiar, con lo que no generan derechos individuales por un trabajo que realizan, aportando eso si a la economía y la renta familiar.
Hay más poder para los empresarios para cambiar horarios y turnos de trabajo para las jornaleras y trabajadoras rurales y hay mayor protección para el despido en caso de mujeres embarazadas. Hemos visto que hoy por hoy existe mayor flexibilidad y precariedad en las condiciones laborales para las mujeres trabajadoras rurales: jornadas cambiantes y contratos parciales que empeoran las condiciones socio-laborales.
Cuando las mujeres rurales alcanzamos un hito histórico como fue la paridad salarial hombre-mujer en el convenio del campo del 2009, no nos imaginábamos aún que esas leyes no se iban a corresponder con la realidad que tienen en la ruina a miles y miles de jornaleras, de mujeres que deben sus ingresos al campo y que ven violados sus derechos día a día. Gracias a la gangrenosa concentración de la tierra en Andalucía se favorece, como siempre los intereses de la oligarquía, de la burguesía, de las clases acomodadas. Porque la lucha por la igualdad en un sector como el del cultivo y recogida de la aceituna sigue alcanzando niveles de exclusión. Solo aproximadamente un 25% de las contrataciones son para mujeres, pese a que constituimos desafortunadamente más de la mitad de las personas afiliadas a otra de las lacras de las políticas agrarias que lleva la Junta de Andalucía, el subsidio agrario (PER). Debería ser una vergüenza para las instituciones que en total las mujeres supongamos cerca del 65% del paro agrario en Andalucía y que a día de hoy, miles de trabajadoras temporeras no sepamos aún si seremos contratadas en las campañas de recogida de aceituna. Las condiciones de contratación de la mayoría de las mujeres en los campos andaluces son marginales, precarias y muchas veces violentas porque conllevan la aceptación de la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales.
La tasa de paro en Andalucía para las mujeres sigue siendo mucho más elevada que la de los hombres. Igualmente dramática es la situación de injusticia social y laboral de la población femenina migrante. Este colectivo se encuentra actualmente completamente vulnerado en sus derechos, padeciendo en muchos casos, pobreza, economía sumergida, acoso laboral, precariedad, desconocimiento de la lengua, prostitución e innumerables injusticias. En Huelva y Almería vemos los más altos porcentajes de precariedad y violencia hacia las mujeres migrantes. Andalucía ha desarrollado bajo los últimos 20 años una política muy dura para mantener este modelo capitalista utilizando a migrantes bajo condiciones de esclavitud y servidumbre. Enfrentamos una situación actual de explotación de la clase trabajadora migrante en la industria agrícola y alimenticia. Hay más poder para que los empleadores cambien las horas de trabajo y turnos para trabajadores y trabajadores y una mayor protección para el despido de mujeres embarazadas. Existe una mayor flexibilidad y condiciones de trabajo precarias para las mujeres migrantes y trabajadoras: días cambiantes y acuerdos parciales que empeoran las condiciones sociales y de trabajo. Es más difícil conciliar el trabajo y la vida familiar porque para los empleadores es más fácil cambiar el horario laboral y exigir horas extras. Esto tiene un mayor peso en las mujeres porque generalmente son las que asumen las responsabilidades familiares. La elasticidad y flexibilidad de los horarios reduce su compatibilidad con otras actividades, sin compensar los bajos salarios y todas las deficiencias en las contribuciones a la seguridad social. Las mujeres migrantes estamos actualmente trabajando por salarios muy bajos, sin ninguna compensación de seguridad social, enfrentando riesgos debido a los pesticidas y con muchas horas de trabajo.
En el estado español hay ocho millones de personas pobres, de las cuales la mayoría son mujeres. Y la tendencia a la feminización de la pobreza es contrastable en los países del norte y en los de sur. Ese viejo sueño de deshacernos de la pobreza se ha convertido en una quimera. Frente a la pertinaz pobreza de las mujeres y frente a una inmigración femenina situada mayoritariamente en la prostitución, en el servicio doméstico y en otras tareas mal pagadas y definidas como nuevas clases de servidumbre, debemos decir ¡Basta! Desde el movimiento campesino, sindical y feminista pues de lo contrario negaríamos su dimensión vindicativa y emancipatoria.
¡Nosotras, nos paramos hoy, 8 de marzo, para apoyar la Huelga de Mujeres a nivel mundial! Basta del modelo opresor impuesto que nos ha arrebatado la tierra y los bienes naturales, que nos ha sumido en la precarización del trabajo, del techo y de la alimentación, que ha abaratado nuestras vidas como si fueran una mercancía más para el capital. Nosotras queremos construir otra Andalucía, libre, digna y soberana, donde las mujeres, que hemos sido consideradas las guardianas de la tierra y la cultura, tengamos el derecho a la tierra, a las semillas, a los medios de producción, ayuda financiera y apoyo general. Donde exista el reconocimiento de nuestra contribución a una economía rural basada en el cooperativismo, el apoyo mutuo, la economía popular y solidaria. Nuestro corazón hoy esta lleno de rabia, porque aunque hayamos vencido en muchas luchas aún nos quedan por delante las más estratégicas para que nuestro sueño cristalice y no perdamos los derechos conquistados.
Necesitamos mejorar el impacto político de las mujeres con el objetivo de mejorar nuestra propia situación para contribuir a la transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Por esto defendemos el modelo de soberanía, donde la agricultura y la alimentación no se consideran mercancías sino garantes de un derecho básico para un pueblo y una nación andaluza libre con un nuevo planteamiento en las formas de producción, consumo y distribución, dignificando las condiciones sociales y laborales, reclamando el derecho a nuestros bienes comunes y cambiando las políticas públicas que han precarizado la vida de millones de personas. Mediante la reubicación de la producción y el consumo basada en relaciones transparentes de responsabilidad compartida, derecho al acceso equitativo a los recursos naturales, democratización de las decisiones agrarias, la agroecología y las relaciones igualitarias entre las personas, la soberanía alimentaria constituye un modelo que incluye a las mujeres y nuestros derechos a la vida en el medio rural y urbano desde una nueva perspectiva de relaciones sociales.
Dentro de esta Andalucía que proponemos, los programas, líneas de apoyo y políticas públicas deben dar una prioridad al reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres. Esto es necesario para comprender, explicar y transformar la realidad en la que las mujeres se encuentran en las zonas rurales, es decir dar visibilidad al estatus social y legal de las mujeres. Las políticas locales, las políticas nacionales deben abordar el problema de la violencia estructural, lograr la participación igualitaria en organizaciones políticas, económicas o sociales, corresponsabilizarse en la gestión del trabajo reproductivo y productivo, gestionar y adaptar las estadísticas oficiales para hacer visible la contribución no reconocida del trabajo de las mujeres a la sostenibilidad económica y social. Necesitamos mecanismos específicos que garanticen la igualdad y la no discriminación, con suficiente asignación presupuestaria e inclusión de género en todos los niveles regulatorios. 
Para nosotras la lógica mercantilista imperante responde a los pilares sobre los que se basa el sistema patriarcal y capitalista actual. Esta perspectiva deja fuera todo lo que no opera en el ámbito comercial, valorando solo aquello que apoya la acumulación de capital. Y en las zonas rurales esto se traduce en la invisibilidad del trabajo de las mujeres, en el agotamiento de los ecosistemas y en la devaluación de la producción de alimentos.
Hoy, alto y claro, decimos que queremos, abogamos, necesitamos convertirnos en ciudadanas del siglo XXI, donde la paridad, la igualdad y la equidad sean sinónimas del ejercicio de nuestros derechos. Hoy paramos y alzamos nuestras voces para gritar que nuestros cuerpos, nuestras tierras, nuestras semillas, no seguirán siendo utilizadas como botín de guerra, como campo de batalla. Para comprender la raíz de las desigualdades sociales que perpetúan el mandato patriarcal necesitamos deconstruir los estereotipos de género que han sido construidos y que afectan al conjunto de las mujeres y a las personas que pertenecen a los sectores LGTBI. Por esto la lucha de las mujeres se intersecta, se une, se enlaza con la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, y contra cualquier discriminación que puedan sufrir quienes este sistema les oprime diariamente.
Para las mujeres la lucha por nuestra soberanía y autonomía no sería nada si no recordamos también los lazos de solidaridad que nos unen con las clases más desfavorecidas y empobrecidas en otros países, naciones, regiones y comunidades locales que están hoy también en las plazas reivindicando su poder de decisión para elegir gobiernos más justos y cercanos al pueblo. Desde el paradigma soberanista potenciamos la irrupción de las mujeres en las estructuras organizativas comunitarias y en las funciones de responsabilidad colectiva y visibilizamos las necesidades y las aportaciones de las mujeres en la lucha por la justicia social y la equidad; aseguramos su acceso a los servicios comunitarios, su acceso a la tenencia de la tierra mediante la colectivización de los bienes y la vivienda en igualdad de condiciones; luchamos contra la violencia de género, por la salud sexual reproductiva y por la autonomía personal de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida (social, económico, afectivo, etc.).
Por todo esto y por las razones que cada una de nosotras lleva a las calles en la huelga del 8 de marzo, hoy y todos los días luchamos para parar entre todas y todos este sistema que nos tiraniza y para que construyamos vínculos amables y afectivos, donde los cuidados y la defensa de los derechos humanos se antepongan al dominio, la opresión, la mercantilización de la vida, la humillación, la explotación y la miseria.
Entre todas gritamos ¡feminismo popular, de clase y radical! Porque cualquier tipo de feminismo que privilegie a las que ya tienen privilegios es irrelevante para las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, las mujeres migrantes, negras, trans. Nosotras, las mujeres del SAT queremos una sociedad feminista donde las mujeres que estamos abajo del todo podamos construir una esperanza revolucionaria; desde quienes hemos sido abandonadas por la historia pero que luchamos y nos levantamos por la dignidad, la libertad, la justicia y la soberanía.
¡¡Sin feminismo, no hay socialismo!! ¡Sin los derechos de las mujeres, ningún tipo de soberanía es posible!
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