“Las niñas actualmente se hacen fotos como putas”.

No es un chiste, ni un extracto de una conversación cualquiera (deleznable y condenable en cualquier caso). Es una intervención en la televisión pública del juez de menores Emilio Calatayud.

Este es el nivel en el que nos encontramos compañeros/as; culpabilizamos a la víctima, poniendo el foco en ella y en sus comportamientos, pero no tenemos en cuenta la hipersexualización que se hace del género femenino (sin importar la edad del sujeto, aunque en este caso lo más adecuado sería llamarlo objeto (que es a lo que quedamos relegadas la mayoría de las veces),  por parte de los ojos que le miran.

Esto, ni es un caso aislado no una opinión excepcional. Es solo un ejemplo más de la violencia institucional que venimos sufriendo las mujeres, simplemente por el hecho de serlo.

No es de extrañar, que en un contexto de justicia patriarcal, a menudo los poderes judiciales se pongan de lado del criminal, sin tener en cuenta los derechos de la víctima. Un ejemplo claro de la violación del estado de derecho por parte de las instituciones es el caso de Juana Rivas, claro exponente de la falta de formación con perspectiva de género que tienen los y las profesionales de las instituciones. No solo no se tiene en cuenta el contexto de violencia machista vivido por la víctima, si no que desde los poderes judiciales (y a menudo sociales) se la criminaliza, no solo a ella, sino también a toda persona que se ponga de su lado y le ayude.

No podemos ni debemos echar balones fuera; nosotros/as, como profesionales de la educación y parte social activa tenemos también parte de responsabilidad. Es nuestro deber formarnos y estar atentos/as a las relaciones y dinámicas sociales que se establecen a nuestro alrededor, especialmente en las aulas, para así poder mediar de una manera correcta y no seguir así legitimando con nuestra (in)acción la violencia institucional contra las mujeres que se ejerce desde las administraciones públicas.

 

Patricia Ruiloba Gutiérrez. Área de Mujer STEC

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